La iniciativa Cultura de Juridicidad que diseñamos y promovemos desde hace tres años, inspirada en el principio de juridicidad como evolución del principio de legalidad y cuyo objetivo es incentivar la buena gobernanza a lo interno de las instituciones públicas, bajo los pilares de compliance y la gestión antisoborno, hoy es una realidad práctica en la gestión pública dominicana.
Recientemente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) anunció encontrarse en el proceso de certificación internacional de sus sistemas de compliance y gestión antisoborno por la World Compliance Association (WCA), convirtiéndose en la primera institución pública de la región en implementar estos sistemas de manera integrada.
Este proceso, que inició a finales del año 2019, culminaría exitosamente en julio de este año, en medio de un accidentado período electoral, plena transición gubernamental, una crisis pandémica que deja una amarga experiencia social como pocas generaciones vivirán y escasos antecedentes en nuestro país sobre el tema en el sector público. La visión que impulsa este logro institucional persigue, no solo promover el cumplimiento normativo, sino la implementación de controles que permitiesen disminuir riesgos de soborno y corrupción, como respuesta a las demandas sociales de todo ciudadano que espera un ejercicio público ético y transparente de quienes administran los fondos públicos.
En estos momentos de incertidumbre mundial que nos obliga a una transformación social y organizacional para suplir necesidades emergentes producto de la pandemia que nos arropa, es necesario definir de manera sistemática controles institucionales para prevenir la inobservancia de los procedimientos y cumplimiento normativo que, en la premura de satisfacer el interés general, dejen espacio a eventos de corrupción administrativa y en consecuencia faciliten desviaciones en los fondos estatales que comprometan la eficiencia del Estado.
¿Qué valor agrega la fórmula compliance-antisoborno? Se traduce en la herramienta práctica de aterrizaje del discurso ético organizacional, como sistema de gestión ISO para el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos de corrupción e incumplimiento.
El compliance llegó para quedarse, evolucionando en un estándar imprescindible en las actividades económicas de los países y que en el sector público adquiere gran relevancia en tanto conduce a las organizaciones al fortalecimiento de la institucionalidad, que se robustece con el estándar antisoborno, permitiendo ese blindaje de juridicidad que la Administración Pública requiere. Tal ha sido su trascendencia a nivel mundial que se espera a finales de noviembre de este año la emisión oficial de la norma ISO 37301 de compliance que reemplazará el estándar ISO 19600 actual, que en su contenido expresará de manera consolidada aspectos importantes del estándar antisoborno.
Necesariamente, el compliance deberá colocarse como punto de agenda de la Administración Pública sobre todo en este contexto en el que la sociedad está cada vez más empoderada y no solo espera sino que exige legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
Autor: Tania De León, Administrativista especialista en Public Compliance