Por: Tania De León, Administrativista Especialista en Public Compliance
La extrapolación del compliance al sector público supone grandes retos propios de la dinámica institucional del Estado que deben sortearse muchas veces bajo la filosofía de ¨fluir¨ para no detenerse ante la resistencia al cambio. Para una adecuada incorporación del compliance en la gestión pública se deben gestionar los riesgos derivados del aspecto político que plantea la intermitencia de las máximas autoridades como figuras llamadas a impulsar la estrategia de cumplimiento y garantizar su institucionalización.
Por lo anterior, en la Administración Pública cobra mayor sentido el contexto, como punto de partida para la determinación no solo del alcance de los programas, sino de los riesgos que ponen en peligro vida y eficacia del mismo, más allá de los riesgos institucionales, a lo que he denominado ¨riesgos de implementación¨. Gran parte del éxito del compliance en el sector público depende de gestionar, de manera enunciativa y no limitativa, estos 10 aspectos estratégicamente.
- Voluntad político-directiva: Contar con una visión de compromiso y alineación entre líder de gobierno y funcionario basada en la identificación.
El compliance en el sector público aun es muy incipiente, ampliamente desconocido como disciplina y comúnmente subvalorado por entenderle como más de control interno. El primer paso para alcanzar el compromiso y alineación clave en compliance es entenderlo y diferenciarlo de programas de integridad y el control interno, que si bien guardan relación, existen importantes diferencias situadas en tiempo y estructura.
- Competencia: Construir capacidades técnicas que permitan la adecuación del compliance a la dinámica del Estado sin sacrificar su esencia.
Urgentismo, dilación, limitación presupuestaria, burocracia, complejidad procedimental, hiperregulación dispersa es el pan de cada día en la dinámica pública, para lo cual se requiere blindar la gestión del compliance con profesionales especializados y experiementados tanto en compliance como en estructuras de Estado, algo súmamente retador si consideramos la escasez de profesionales en los que coincidan experiencia y conocimiento tanto en compliance como en gestión pública a la vez.
- Independencia y autonomía: Evitar que lealtades políticas reduzcan un genuino programa de cumplimiento a un fake compliance program de cumplo y miento.
Tradicionalmente, se ha establecido que el compliance officer debe depender de la máxima autoridad para garantizar independencia, autonomía e imparcialidad. Sin embargo, uno de los problemas más marcados en sector público son las estructuras de corrupción que puede darse en las instituciones desde el líder de la organización. Por ello, debe construirse un esquema verdaderamente funcional y menos expuesto a novedades políticas que no solo protejan el programa sino que garanticen que el compliance officer cuente con independencia y autonomía, alejándole de vinculación política que comprometa su imparcialidad.
- Continuidad: Garantizar un nivel de institucionalización que dificulte su desvanecimiento ante cambios de gestión o gobierno.
Otro gran reto en el sector público es la continuidad de proyectos, programas o iniciativas ante un cambio de gestión o de gobierno. Es una realidad cada vez más latente que refleja los niveles de institucionalidad del Estado. Los programas de compliance no escapan de esta realidad, por lo que en la medida de lo posible debe potencializarse su institucionalización y mantenimiento a través de las certificaciones. Si bien las certificaciones no deberían ser obligatorias, son una salida razonable para garantizar que un programa de cumplimiento implementado y consolidado no se desvanezca, al menos fácilmente.
- Transversalidad: Desmontar la idea de que el compliance solo es de utilidad e impacto en la contratación pública.
El compliance debe aplicarse de manera transversal en todos los procesos sensibles de la organización. La aplicación del compliance en la contratación pública es una tendencia ampliamente justificada. Sin embargo, en las organizaciones públicas existen procesos sustantivos que por la cuantía que se destina a estos y el alto impacto que tiene el ciudadano puede llegar a ser incluso más relevante que el proceso de contratación pública. La protección de datos personales, el proceso de gestión de personal, derechos humanos, gestión medioambiental, permisología o la gestión de sanitaria son algunos ejemplos y de ahí la importancia de la proporcionalidad en la implementación del compliance.
- Equipotencialidad: Asociar el compliance a la optimización de recursos y garantía de derechos y no solo reducirle a un antídoto contra la corrupción.
Es indiscutible que el compliance es un arma funcional y poderosa para prevenir la corrupción administrativa, pero también es un aliado para la garantía de derechos ciudadanos en la medida en que garantiza el cumplimiento de la razón de ser de las organizaciones públicas y su misión en la sociedad. Otro principio importante que apoya el compliance es la eficiencia, al prevenir incumplimientos que puedan derivar sanciones pecuniarias que afecten la disponibilidad presupuestaria de la organización y al clarificar responsabilidades que faciliten la identificación de de responsabilidad patrimonial.
- Reputación: Visibilizar el aliado estratégico puede ser el compliance tanto para la gestión institucional como gubernamental, lejos de ser una carga burocrática.
El compliance es una oportunidad para el que lo quiere hacer bien. Todo profesional que lidera una institución pública está a expuesto a riesgos derivados de conductas antijurídicas y antiéticas de quienes forman parte de la organización, por lo que se deben implementar controles que protejan su reputación de cualquier desviación del personal que afecte la imagen y reputación tanto de la máxima autoridad como de la gestión de gobierno lastimando la confianza social. Más allá de ser una carga o burocracia, es un aliado que permite demostrar en los distintos grupos de interés su compromiso con la legalidad, integridad y transparencia.
- Confianza: Crear una estructura que facilite al servidor público y demás grupos de interés denunciar a confianza conductas antijurídicas y antiéticas sin miedo, garantizándole protección de represalias en todas su formas.
Uno de los componentes fundamentales del compliance son los denominados canales de denuncia, estos pueden constituirse en el momento de verdad del compliance en la medida en que los distintos grupos de interés confían en que existe un real interés de atender por los medios necesarios las denuncias de irregularidades, independientemente de si se conoce o no la identidad del que denuncia y más aún cuando puede ver que se toman medidas a partir de éstas, sin que haya retaliación por ello.
- Integración: Optimizar estructuras existentes que llevan actividades de compliance, evitando duplicidades.
No a la duplicidad de funciones o solapamiento. El compliance no busca protagonismos, no persigue erradicar buenas prácticas existentes, sino más bien adaptarse al contexto. De esta forma, las estructuras de ética o control interno que puedan existir serían aliadas del programa de compliance en una dinámica de integración y optimización de recursos.
- Gobernanza: Procurar el establecimiento de estándares mínimos en la filosofía organizacional que promuevan el compliance en todos los niveles.
El compliance lo hace la gente. En el nuevo estándar ISO 37301 ya no solo se habla de compromiso de órgano de gobierno y alta dirección, sino del personal en sentido general, lo cual se mide en el criterio de cultura de compliance que a su vez debe ser impulsada por claras directrices de gobernanza institucional que envíe mensajes claros e inequívocos de qué se espera de estos.
Retador, es la palabra que mejor describe la incorporación del compliance en el sector público y que requiere de clarificación de objetivos para llevar a términos óptimos esta gran visión de juridicidad e integridad en la gestión.